¿Ilegalidad o derecho?

       La legislación española permite la acampada libre, siempre que no haya más de tres tiendas o caravanas en la misma, a lo largo de un máximo de tres días y mientras exista una distancia de 500 metros cuadrados entre un grupo y otro. Por ello la tarde del tercer día en que estas agrupaciones se llevaron a cabo la Junta Electoral de Madrid publicó a la Delegación del Gobierno una notificación en la que la veta debido a motivos electorales y por influir en el derecho de los ciudadanos a decidir libremente su voto (con la alegación al voto responsable que hacen los manifestantes), todo ello lo hace alegando que no existen causas extraordinarias y graves que justifiquen su convocatoria urgente. Además la Ley de Huelga y Manifestación especifica que la petición oficial para realizar concentraciones de este tipo debe hacerse con 10 días hábiles de antelación. Pero los manifestantes no tenían intención alguna de irse, lo hablaron y decidieron quedarse.
       Pero no sucedió lo mismo en todas las localidades con manifestaciones del estilo, por ejemplo el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha revocó la prohibición de la marcha convocada el pasado 15 de mayo por Democracia Real Ya en Toledo. Pero de todas formas, fuentes de la Delegación del Gobierno aseguraron que los cuerpos de policía intervendrían para desglosar la conglomeración situada en la Puerta del Sol (una de las plazas más relevantes de Madrid), y su participación podría ser acusada como "delito electoral". La policía informará de todo ello a través de octavillas acompañadas de la resolución de la Junta Electoral Provincial invitándolos, al mismo tiempo, a que se marchen. A pesar de todo, los participantes en estas concentraciones pacíficas no tenían ninguna intención de marcharse, sino todo lo contrario, cada vez se sumaba más gente.
        Este intento de acabar con este tipo de movimientos también se produjo en otras ciudades como Granada, donde la policía desalojo a las cien personas agrupadas una por una, de las cuales tres acabaron en el calabozo (aunque al día siguiente fueron puestos en libertad con cargos de "resistencia a la autoridad"). Más tarde se llevaron a cabo fenómenos similares en multitud de ciudades, y una de las que más llamó la atención fue la provocada en Barcelona, de la cual hablaré en otro apartado.
        La cadena de televisión de extrema derecha rechaza totalmente el derecho a permanecer día y noche concentrados por toda España, alegando que es ilegal y que lo único que ocasiona es trastornos. Defienden las quejas de los comerciantes de estas zonas debido al maltrato recibido por los indignados (insultos como "fascistas", rotura de los cristales de varios comercios...), además de su inmenso descenso de ventas (del 60%). Denuncian la poca civilización de estos ciudadanos al ocupar las calles que son "de todos" y a interponerse en su trabajo diaria, así como la pasividad policial con la que se lleva este movimiento: "Hay policías que no hacen nada" y tachan de burlesca de lo anticonstitucional que es esto, y se reafirman en el hecho de que la justicia está mucho más demacrada que la democracia. Aprovechan entre todo ello para acusar a los manifestantes de su falsedad, puesto que se declaran "antisistema" (lo cual pienso que no es así), y a los cuales el sistema está acunando y protegiendo su ilegalidad en las plaza.
        Desde "El País", como ya he mencionado anteriormente apenas se produce queja alguna por los destrozos o efectos negativos que pueda estar teniendo la continuidad de este movimiento. Más bien al contrario, entre sus artículos sólo nos encontramos buenos calificativos hacia lo que está sucediendo y un sentimiento de ánimo a todos ellos, así como al resto de la población española para que los apoye.
        Finalmente, un mes después aproximadamente las aglomeraciones de gente se dispersaron aunque el movimiento continúa en vida en la web y organiza manifestaciones cada vez que quieren reflejar su descontento con algo.